Sentencia contra el límite al precio de los alquileres de Berlín

El final aún queda lejos

17/04/2021
Andreas Thomsen

La sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán el pasado 15 de abril supone una gran decepción para el Gobierno de Berlín y, especialmente, para los inquilinos e inquilinas de la ciudad, a quienes afecta directamente. Por supuesto, más allá de Berlín y de Alemania, esta sentencia tiene un efecto muy desalentador para las iniciativas, los partidos e incluso los gobiernos municipales progresistas que habían hecho suyo el proyecto de referencia de Berlín y querían —y aún quieren— ponerlo en práctica en otras ciudades europeas. Berlín, París, Múnich, Barcelona, Hamburgo, Copenhague, Dublín, Madrid, Londres..., en todas estas ciudades, aunque también en muchas otras, los alquileres suben; el acceso a una vivienda digna empobrece a cada vez más gente y aumentan los procesos de gentrificación. Cada vez en más ciudades se está pidiendo lo que ya se ha intentado hacer en Berlín: una normativa gubernamental destinada a detener o, al menos, a ralentizar la gentrificación, de manera que se pudiera contribuir realmente a garantizar una vivienda asequible y digna.

Pero por muy grande que sea la desilusión y la decepción tras la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, ni el tema ni la reivindicación están fuera de la mesa, sino todo lo contrario: para las grandes ciudades europeas, esta cuestión es uno de los retos políticos más centrales y evidentes. Bajo una mirada más atenta, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal no es el final definitivo. De hecho, en su decisión, el Tribunal Constitucional Federal no ha declarado que la limitación del precio de los alquileres según el modelo de Berlín sea inconstitucional en sí mismo. Por el contrario, lo que ha afirmado es que la legislación federal ya había regulado esta cuestión. Por lo tanto, según el Tribunal, la ciudad-Estado de Berlín no tenía derecho a adoptar una normativa propia y de mayor alcance. En definitiva, se trata de una cuestión de competencia estatal que el Tribunal Constitucional Federal ha negado al estado de Berlín.

Cuando se introdujo el límite al precio de los alquileres en Berlín, hace aproximadamente un año, ya estaba claro que podía surgir esta dificultad. De hecho, esto es algo que ya había señalado el Gobierno de Berlín. La limitación de los alquileres era lo que el Gobierno de Berlín, una coalición rojo-rojo-verde, formada por los socialdemócratas, la izquierda y los verdes, podía y deseaba llevar a cabo en este asunto, y es lo que, a la vista del resultado, no tiene permitido realizar.

Esto es verdaderamente lamentable pues, sin embargo, introducir y aplicar el límite al precio de los alquileres era lo correcto. Sigue siendo el proyecto de referencia, mucho más allá de Berlín, para una política social decidida que, al menos, intente corregir ese desarrollo extremadamente erróneo de las ciudades europeas. Un proyecto que, por fin, ponga en entredicho la primacía del mercado, que aquí no sirve para nada más que para obtener beneficios. Y este proyecto de referencia sigue siendo el límite al precio de los alquileres. El Gobierno federal también podría ver la sentencia como un mandato, pues tendría dos sencillas opciones: aplicar o hacer que se aplique la política social de vivienda. Por supuesto, el propio Gobierno Federal podría promulgar un límite al precio de los alquileres en determinadas ciudades o regiones, pero también podría utilizar una cláusula de reserva que permitiera a los estados federados actuar sobre la base de las leyes regionales. Entonces, volvería a estar permitido el límite al precio de los alquileres.

Ni que decir tiene que esto no será posible con un Gobierno Federal en el que esté representada la Unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU) o, incluso, el Partido Democrático Libre (FDP). Del mismo modo, con un Gobierno de coalición de conservadores y verdes, la política social de vivienda será tan imposible como con una coalición semáforo, entre verdes, socialdemócratas y liberales. Esto, por supuesto, tampoco será posible si continúa la llamada «gran coalición». Todo aquel que participe en las elecciones federales de septiembre y a quien le interesen las regulaciones en el precio de los alquileres debería tener esto muy claro.

No cabe duda de que la lucha contra la gentrificación y por una vivienda digna y social seguirá adelante. Estamos ante uno de esos casos en los que la contradicción entre las fuerzas y los efectos del mercado, por un lado, y los intereses de la inmensa mayoría de la población, por otro, se manifiesta de forma directa y muy clara. Pocas medidas o leyes del Gobierno de Berlín obtuvieron una aprobación tan amplia en la ciudad, y ninguna de ellas tuvo efectos positivos tan directos y notables para sectores tan amplios de la población como la limitación al precio de los alquileres.

Y si continúan las movilizaciones por la vivienda en Berlín, en Alemania y en Europa, entonces también quedará claro que el límite al precio de los alquileres no fue, ni es, el único instrumento para debilitar o quebrar la lógica del beneficio. En Berlín continúa la lucha por la expropiación de la gran empresa de viviendas Deutsche Wohnen; de hecho, se busca la celebración de un referéndum al respecto en septiembre de 2021, y las perspectivas para realizarlo no son demasiado malas.

En todo caso, Berlín y el límite al precio de los alquileres no representan el único proyecto de referencia. Tanto en Lisboa como en Barcelona y en numerosas ciudades europeas se están produciendo éxitos, aunque es verdad que también algunos retrocesos. La sentencia del pasado 15 de abril es un revés. Pero, ciertamente, el final aún queda lejos.