Informe de Conferencia

¿Baterías sostenibles para los vehículos eléctricos?

Legislación europea en materia de diligencia debida respecto de las cadenas de suministro y política comercial de la UE

19/07/2021
Manuela Kropp, gerente de proyectos de la Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bruselas

El vídeo de la conferencia está disponible, en lengua inglesa, en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=kIM8DnObhkg

Versión alemana del vídeo: www.youtube.com/watch?v=ndHbDrPMTRI

Versión en indonesio (Bahasa Indonesia): www.youtube.com/watch?v=s8J58q4jzXM
 

El Pacto Verde Europeo presentado en diciembre de 2019 ha impulsado el debate europeo sobre las soluciones de movilidad limpia. Los vehículos eléctricos de batería se anuncian como vehículos “verdes” y de bajas emisiones a nivel local.

Pero está claro que la producción de coches eléctricos y de sus baterías, y la extracción de materias primas como el litio y el níquel, generan una importante huella medioambiental.

Según la Comisión Europea, la UE necesitaría hasta 18 veces más litio para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía en 2030, y casi 60 veces más litio en 2050, que el disponible actualmente en el conjunto de la UE.

El litio para la producción de baterías de vehículos eléctricos procede principalmente de América Latina y representa el 50% de la producción mundial. Un problema considerable allí es el impacto negativo de la extracción de agua en los cercanos ecosistemas áridos de los Andes.

Por lo que respecta al níquel, que constituye una de las principales materias primas para la fabricación de baterías eléctricas, la mayor fuente de suministro es actualmente Indonesia, país que sin embargo suscita preocupación por la explotación social y medioambiental generalizada en él, planteándose la contaminación del aire y del agua del mar como una amenaza especialmente grave. Indonesia ve en el aumento de la demanda una oportunidad para fomentar poderosamente su propia industria. El gobierno ya no quiere actuar como mero proveedor de materias primas, sino procesar el codiciado metal en su propio país.

El 10 de marzo de 2021, el Parlamento Europeo solicitó la adopción urgente de legislación europea vinculante en materia de diligencia debida con objeto de garantizar que se puedan exigir responsabilidades a las empresas por los efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente y la buena gobernanza que causen o a los que contribuyan en su cadena de valor. Dicha legislación también debe garantizar que las víctimas dispongan de acceso a recursos jurídicos. La Comisión Europea ha anunciado que presentará su propuesta legislativa al respecto este mismo año.

El acuerdo comercial previsto entre la UE y MERCOSUR tendrá un impacto significativo en las condiciones de extracción, transformación y comercio de materias primas, tales como el litio en Argentina. Por ejemplo, las medidas estatales de restricción de las exportaciones se verán menoscabadas si entra en vigor el acuerdo comercial UE-MERCOSUR.

Estos temas se debatieron en la conferencia por y con los/las siguientes ponentes:

Helmut Scholz, diputado al Parlamento Europeo, grupo THE LEFT; Melisa Argento, Universidad de Buenos Aires (Argentina); Pius Ginting, AEER (Indonesia); Risdianto, sindicato Morowali Independent Union (Indonesia).

Helmut Scholz subrayó la importancia de la sostenibilidad y el cumplimiento de las normas medioambientales en el sector de la extracción de materias primas para baterías, sobre todo habida cuenta del rápido aumento de la demanda de níquel y litio. Según destacó, a pesar de que ya en 1972 el Club de Roma publicó el estudio Los límites del crecimiento, las empresas automovilísticas y energéticas siguieron negando el cambio climático durante décadas. En la actualidad – añadió – el capitalismo financiero está impulsando aún más la catástrofe climática.

En la UE, así como en EE.UU. y China, se han proclamado los llamados “pactos verdes”, con los que se pretende lograr la transformación ecológica, pero es menester preguntarse cómo ésta puede tener éxito, cuando no se restringe la producción industrial ni la movilidad. Las empresas y los países industrializados exigen ahora implacablemente las materias primas necesarias para la transformación ecológica, con una actitud que trae a la mente los tiempos del colonialismo. Los países industrializados postulan su derecho a hacerse con estas materias primas, y la UE, China y Estados Unidos ya están compitiendo entre sí por acceder a ellas en las mejores condiciones posibles.

La Comisión Europea, por ejemplo, está demandando a Indonesia ante la OMC por una prohibición de exportaciones de níquel impuesta por el gobierno de dicho país. Según Helmut, el objetivo de Indonesia es aumentar su propia cuota de valor añadido en la cadena de producción, lo cual es, por supuesto, una política industrial perfectamente legítima por parte del gobierno indonesio. Al negociar los acuerdos de libre comercio, los negociadores europeos, por ejemplo, siempre se han esforzado por prohibir la imposición de derechos de exportación por parte de sus socios; esto también se puede observar en las actuales negociaciones entre la UE y Chile: la Comisión Europea argumenta que el acceso al litio chileno es especialmente importante para la UE, sobre todo en vista de la competencia por parte de China. Todo ello pone de relieve la importancia de que se apruebe ahora una ley europea que garantice la diligencia debida en las cadenas de suministro y que se centre en el respeto de los derechos humanos y las normas medioambientales.

Hay que frenar la actual fiebre por desarrollar fuentes de materias primas, aun cuando éstas se utilicen para la construcción de aerogeneradores. El acuerdo comercial UE-MERCOSUR, por ejemplo, amenaza con facilitar el acceso de las empresas europeas a las materias primas de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, exacerbando así la sobreexplotación de las minas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU deben cumplirse todos ellos para 2030, pero la UE no debe perseguir este fin a expensas de otras regiones del mundo.

La pandemia de COVID-19 demuestra por sí sola la interdependencia de las distintas regiones y la importancia de los enfoques globales para lograr una economía ecológica. La mayoría de la población mundial se ve afectada por la pobreza, por lo que hay que garantizar el acceso a la educación, la atención médica, la vivienda y el trabajo digno. Esto implica que Europa no puede dictaminar que el resto del mundo deje de producir bienes, y hace que sea aún más importante apuntar a un crecimiento inclusivo y, llegado el caso, al decrecimiento de determinados sectores. Helmut concluyó su intervención explicando que las nuevas cooperaciones entre regiones también pueden ayudar a electrificar partes de nuestra economía, mediante la producción de energías renovables e hidrógeno verde.

Melisa Argento, de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), explicó que muchas regiones del denominado “Triángulo del litio” (Argentina, Bolivia y Chile) viven tanto del turismo como de la minería. Los grupos de población y las comunidades afectadas por la extracción del litio llevan mucho tiempo señalando las consecuencias ecológicas negativas de dicha actividad y consideran que se están violando sus derechos: no se consultó a la población local antes de iniciar la explotación, lo que está llevando a la creciente salinización del agua dulce.

La agresiva estrategia de extracción destinada a los vehículos eléctricos y al sector de la electrónica viene siendo un problema desde hace años, pero ahora se ha desatado una auténtica “fiebre del litio” que acarrea la extracción de este mineral de forma totalmente desregulada. La Agencia Internacional de la Energía ha calculado que la demanda de litio se ha multiplicado por 42 en los últimos años. En Argentina, la exportación de litio está permitida casi sin restricciones, aunque de hecho las autoridades a nivel nacional tiene pocas posibilidades de reglamentar la actividad, ya que la facultad de restringir la exportación les corresponde a los gobiernos provinciales.

Por otro lado, las empresas internacionales están ejerciendo una fuerte presión para que se permita la exportación de litio sin restricciones. Por desgracia, el deterioro progresivo pero perdurable de los estratos y ecosistemas acuíferos, que dependen de un frágil equilibrio ecológico, aún no ha sido adecuadamente documentado por los estudios. Los residuos de la minería del litio plantean un problema similar.

Los elevados costes de rehabilitación del paisaje tras la explotación minera representan una carga adicional. Lo mismo ocurre con los residuos de polvo suspendidos en el aire, que menoscaban la salud de la población. Por desgracia, aún no se han investigado las consecuencias más concretas para la salud. En vista de estos problemas, la extracción de litio para la fabricación de baterías eléctricas debe ser objeto de una evaluación crítica exhaustiva. Esta crítica también debe dirigirse al “capitalismo verde para una transición verde”, así como al cambio hacia la electromovilidad, ya que, para muchas comunidades locales, la situación podría resumirse con las palabras “El agua es más valiosa que el litio”.

En definitiva, es necesario que las empresas concernidas asuman su responsabilidad social, en la medida en que la población rural afectada vive lejos de los centros urbanos, está a merced de las empresas mineras y tiene pocas posibilidades de exigir sus derechos sociales. Hay que respetar las leyes vigentes, fortalecer la normativa aplicable y ampliar los derechos de consulta de la población, prestando especial atención a los derechos de los pueblos indígenas a nivel local, regional y nacional.

Además, hay que garantizar que una mayor proporción de la creación de valor pueda realizarse a escala local, en los propios países mineros, impulsando en ellos el procesamiento de las materias primas. Por otro lado, es necesario redistribuir los ingresos a favor de las comunidades locales afectadas por la minería. En cuanto al previsto acuerdo de libre comercio entre la UE y el MERCOSUR, Melisa dejó claro que dicho acuerdo aumentará aún más la presión sobre la minería y que seguramente se importarán más coches de la UE a los países del MERCOSUR. La actual pandemia también demuestra que necesitamos una política comercial que arraigue las cadenas de valor en el contexto local y que conduzca a una desconcentración de la producción.

Pius Ginting, de la AEER (Indonesia), se refirió a dos publicaciones de la Fundación Rosa Luxemburg que arrojan luz sobre el tema de la financiación del níquel: “Road to Ruin” (octubre de 2019) y “Fast and Furious for Future” (abril de 2021): https://www.rosalux.de/en/profile/es_detail/AJ2ZM3GU9L/pius-ginting?cHash=1124cda3b03b01c8e6b502e56b9a056e (en inglés).

Pius subrayó que Indonesia no debería limitarse a ser un proveedor de materias primas y que sin duda podría aumentar su capacidad de producción de baterías. Sin embargo, esto exigiría el cumplimiento de las normas sociales y de protección del medio ambiente en el sector de extracción y procesamiento del níquel. Cabe prever que el cambio a la electromovilidad tendrá un impacto considerable en Indonesia, ya que el 25% de los recursos mundiales de níquel se encuentran en ese país. La eliminación de los residuos minerales resultantes de la producción de níquel es problemática, ya que, hasta ahora, simplemente se han vertido al mar. Allí amenazan, por ejemplo, los arrecifes de coral y la elevada biodiversidad de la región.

Para evitar estas consecuencias, es necesaria una gestión sensata de los residuos. Además, los residuos minerales suponen una amenaza para las comunidades pesqueras autóctonas: la población de peces ya está disminuyendo y los/as pescadores/as se ven obligados a adentrarse cada vez más en el mar. Pronto se construirá una de las mayores plantas de procesamiento de níquel en la zona de pesca, lo que repercutirá en todos los ámbitos de la vida de las personas.

El Parque Industrial Morowali ya ha vuelto marrón el mar, que antes era azul y cristalino. Por otro lado, la expansión de la producción de níquel amenaza las zonas forestales protegidas y socava los medios de subsistencia de los pueblos indígenas. La cuestión de la producción de energía también es de importancia crucial: la producción y el procesamiento del níquel han dependido hasta ahora de la energía del carbón, y está prevista la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón. Ya se notan las consecuencias para la salud de la población, entre ellas el aumento significativo de las enfermedades respiratorias que se viene registrando desde 2019.

Por consiguiente, es necesaria una transición urgente a las energías renovables. Como dato positivo, cabe señalar que una empresa china ya está proyectando utilizar energía eólica y solar para el Parque Industrial Morowali, pero también sería oportuno que las zonas marinas fueran declaradas zonas protegidas y que la gestión de los residuos minerales se realizara directamente en las zonas mineras. De hecho, simplemente verter los residuos en tierra, aunque también conlleva riesgos, es mejor que verterlos en el mar. Por último, Pius afirmó que es necesario proteger los medios de subsistencia tradicionales basados en el mar y en la tierra, especialmente en el caso de las personas demasiado mayores para trabajar en las minas.

Risdianto, del sindicato Morowali Independent Union (Indonesia), señaló que Morowali se ha convertido en “el modelo estándar” para las futuras instalaciones de producción de baterías. La industria del níquel es una de las más importantes del mundo, y ahora está recibiendo un gran impulso por el cambio a la movilidad eléctrica.

El gobierno indonesio apoya esta industria con programas específicos, pero ello no repercute en beneficios para los empleados y empleadas. Muy al contrario, se observan graves problemas de salud y seguridad en el trabajo. Sencillamente, trabajar en estas fábricas no es seguro. En 2019, por ejemplo, se registraron más de 1.100 accidentes, algunos incluso mortales. Sin embargo, no ha habido cambios positivos en materia de seguridad y salud laboral.

El procesamiento del níquel tiene consecuencias negativas para las personas tanto dentro como fuera de la fábrica: dentro de la fábrica, los trabajadores están expuestos a partículas y cenizas; fuera de la fábrica, las centrales eléctricas de carbón contaminan el aire aún más. Las mascarillas proporcionadas a los/as empleados/as no disponen de suficientes filtros, por lo que la ceniza llega directamente a los pulmones y nadie puede soportar ese trabajo durante más de siete a nueve años. El sindicato también ha recabado datos concretos al respecto. La mala alimentación de los/as trabajadores/as supone un riesgo adicional para la salud.

Por otro lado, las empresas han utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto para ampliar la jornada laboral de los/as empleados/as más allá del límite legal de 40 horas semanales. Esto, al igual que la obligación de realizar horas extraordinarias no remuneradas, contraviene la legislación indonesia. Sin embargo, como el desempleo es elevado en Indonesia, los/as trabajadores/as se ven obligados a ceder a esta presión. Por ello, es aún más importante que la comunidad internacional apoye a los sindicatos indonesios en sus luchas.