Digitalización

¿Con derechos?

20/12/2022

Desde que en junio de 2021 la Comisión Europea y el Consejo Europeo aprueban el Mecanismo de Recuperación, transformación y resiliencia los Fondos Next Generation EU (más conocidos como fondos europeos) representan una inyección de dinero de 750.000 millones de euros a repartir entre todos los Estados miembro de la UE, de los cuales 144.000 millones corresponden a España. El Estado español solicitó 69.528 millones, la parte de transferencias directas que no generan deuda. Es bastante probable que pida el siguiente tramo a lo largo de 2023, lo que podría llegar a suponer otra inyección de casi 80.000 millones de euros en préstamos.

Para acceder a su parte, los ejecutivos de los diferentes países han presentado  planes estratégicos que cumplen con el objetivo de una salida de la crisis que potencie una transición "verde y digital”. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el documento que elaboró el Gobierno de España para acceder a esos casi 70.000 millones euros. Un 28% de dichos fondos se debe destinar a “digitalización", una de las principales propuestas de Europa para la salida de la crisis y la transformación económica. Pero en esos planes de transformación e impulso de la economía mediante la inyección de dichos fondos está ausente el análisis de las consecuencias negativas que puede acarrear esta “apuesta digital” en el mundo laboral. Algunas de las cuestiones que se intentan resolver en este informe rodean a preguntas como: ¿En qué consiste la digitalización? ¿Cómo afectará a nuestra economía? ¿Y a nuestros derechos laborales y a los niveles de ocupación laboral? ¿Cómo se está garantizando el reparto en nuestro territorio y tejido productivo?

En los últimos años hemos visto proliferar nuevas formas organizativas empresariales y de explotación laboral que han utilizado la tecnología para acelerar los procesos de precarización y conceder más poder todavía al capital frente a la fuerza laboral. Se le ha puesto muchos nombres, comenzando por el erróneo uso de “economía colaborativa” y siguiendo con otros como “capitalismo de plataforma”, “economía digital” o “turbocapitalismo”. Pero lo que tienen en común es el uso de nuevas tecnologías que, en muchos casos, ha provocado que viejos procesos de explotación o control laboral se hayan acelerado y sofísticado. Además, dicha tecnología, junto a falsas premisas de progreso, han servido como coartada perfecta a aquellos que son dueños de los medios de producción tecnológicos para parapetarse tras ellos e insertar en el imaginario social nuevos eufemismos como “colaborador”, “conexión”, “flexibilidad” o “libertad” y así esconder las mismas estrategias de explotación y precarización laboral que la clase trabajadora lleva años sufriendo.

Por todo ello existe un enorme riesgo de que los vientos de transición digital que llegan desde Europa se conviertan en un apuntalamiento de dicho sistema de explotación y control laboral mediante la financiación pública del desarrollo de dichas tecnologías y un uso que quede fuera del control público e inalcanzable para los trabajadores y los sindicatos. La clásica batalla entre capital y trabajo se ve ahora atravesada por mejoras tecnológicas que, ya no solo estan en las manos del capital, sino que están desequilibrando más la balanza y acaparando los beneficios de dichas evoluciones tecnológicas en manos del empresario mientras el trabajador sigue cayendo en un pozo de precariedad y desigualdad.

En este análisis se pretende identificar cuáles son dichos riesgos, así como señalar las experiencias recientes de lucha laboral en el entorno de la economía digital y el capitalismo de plataforma. Es necesario que la digitalización vaya acompañada de una estrategia transversal que ponga los derechos laborales en el centro y, para ello, es necesario estudiar cuáles son esas nuevas relaciones laborales y los efectos negativos sobre los derechos de la clase trabajadora.