El lawfare sobre el espacio del cambio

Viejas formas para contener a la nueva política

18/01/2023
Nora Rodríguez

El lawfare es una persecución judicial, una guerra judicial en la que se instrumentaliza la Justicia para utilizarla de forma abusiva o ilegal. Supone el desgaste de Gobiernos o de opositores a través de los tribunales o las leyes. Bajo la apariencia de legalidad, y a través de un retorcimiento del sistema jurídico y de sus herramientas, que necesita el apoyo de jueces y mandos policiales, se busca la persecución y caída de oponentes políticos.

Este concepto a menudo se asocia con la teoría del “golpe blando”, que busca los efectos del clásico golpe de Estado pero sin que se produzca un derrocamiento expreso del poder vigente. En todo este proceso es fundamental el papel de la prensa tradicional, que impone los marcos del debate público y establece la dirección de los discursos hegemónicos.

Cuando hablamos del concepto de lawfare, el inconsciente nos remite a Latinoamérica. Nos lleva a Brasil, al encarcelamiento de Lula Da Silva y la destitución de Dilma Rousseff, a Rafael Correa en Ecuador o a Evo Morales en Bolivia, donde se han evidenciado situaciones de este tipo. En el contexto latinoamericano saben mucho de cómo se ha atacado y perseguido a instituciones, políticos y políticas o movimientos sociales con este mecanismo.

En el contexto del Estado español, es imprescindible hacer referencia a las particularidades del sistema judicial y de las propias instituciones estatales. Hubo una Transición sin depuración de los ámbitos judicial y policial, y quedan órganos judiciales conservadores y una brecha de clase importante en el acceso a la judicatura.

Aquí, la ofensiva judicial hay que enmarcarla en el contexto de las fuertes movilizaciones que tuvieron lugar en 2008 como respuesta a la crisis. Numerosas manifestaciones y huelgas fueron respondidas por la vía penal en vez de por la vía social. En aquellos años se produjo un aumento en la criminalización de la protesta y de la represión: se aprobó la ley mordaza, con el objetivo de desactivar la movilización a base de represión y multas y se estrecharon notablemente los márgenes de la libertad de expresión.

Se reactivaron algunas propuestas electorales, y surgieron otras nuevas, con un mensaje esperanzador que convenció a gran parte de la ciudadanía de la posibilidad de cambiar las cosas a través de las instituciones. La intención era canalizar esa ola ciudadana a la vía electoral, con la idea de que una nueva política es posible. Como respuesta, se produce un contraataque a todas estas nuevas propuestas, en torno a la narrativa de que “todos los políticos son iguales”. Del mismo modo, la derecha se apropia del discurso de los espacios de izquierda sobre la conveniencia de que los cargos electos dimitan en caso de ser encausados y lo tergiversa para equiparar en este sentido los casos de corrupción y malversación política, y los casos relacionados con la movilización social y la protesta y las políticas progresistas.

Estas fuerzas de progreso que entraron a la política institucional en un contexto de transformación económica, política y social, se encuentran de este modo con que parte del poder judicial se alinea con las oligarquías para frenarlos cambios y para disuadir la protesta y la creación de alternativas.

En este breve informe sobre el Lawfare contra las fuerzas del cambio en el Estado español que realizamos en colaboración con la red de feministas municipalistas AKAfem, la abogada Nora Rodríguez explica en qué consiste esta estrategia de ataque contra tres objetivos: las personas que llegan a la política institucional desde movimientos sociales; quienes participan en la política institucional dentro del llamado espacio del cambio; y, por último, el feminismo. 

Tres perspectivas de una misma práctica antidemocrática que pretende impedir el avance de las fuerzas progresistas en todo el mundo. Para leer el informe completo, descarga el siguiente documento: