La política pública de VOX

José Ángel Antelo (VOX) en su toma de posesión como vicepresidente de la Región de Murcia. A su derecha, Fernando López Miras (PP), presidente de la Región.

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Tras la entrada del partido de extrema derecha Vox en el gobierno de Castilla y León  junto con el Partido Popular (conservadores) en abril de 2022, las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 otorgaron más representación a este partido, permitiendo reeditar esta coalición en otras comunidades autónomas en manos, hasta entonces, de gobiernos de coalición progresistas. Es el caso de Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana y Baleares, y su entrada también en el gobierno de Murcia, hasta entonces gobernado en solitario por el PP.

Vox basó gran parte de su campaña política en la batalla cultural contra los avances de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, criticando las políticas de igualdad, negando la violencia machista y el cambio climático. Esto ha significado que, entre las condiciones de Vox para formalizar estos nuevos gobiernos en coalición con el PP, se incluyan demandas en estas materias. El PP ha permitido a Vox acceder a cargos donde pueden tener competencias al respecto, como en cultura o justicia. También en agricultura, ya que otro de los principales targets de Vox durante la campaña ha sido el apoyo al mundo rural, aunque ya han recibido quejas de los agricultores por haber obviado la petición que se tramitó por carta en agosto para "complementar" las ayudas estatales por la sequía y la guerra de Ucrania.

Por su parte, la asociación Jueces Para la Democracia calificó de preocupante que los ultraderechistas hayan accedido a consejerías de Justicia y Seguridad, ya que temen por el futuro de los juzgados de violencia sobre la mujer, espacios que Vox quiere eliminar.

Primeras medidas tomadas por los gobiernos autonómicos y municipales de coalición con Vox
 
Las medidas que se han ido tomando tras formar gobierno por parte de Vox y el PP están claramente encaminadas a desmantelar las políticas y leyes progresistas aprobadas. Vox llega dispuesto a hacer cumplir al PP con sus exigencias de derogar las leyes sobre violencia de género, eliminar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el Ministerio y las concejalías y departamentos de Igualdad, así como la ley de memoria Democrática.

También contra las políticas lingüísticas en el País Valenciano y Baleares, donde Vox ha empezado una campaña contra el catalán a pesar de ser idioma cooficial de ambos territorios.

Negacionismo de la violencia machista

Vox aboga por eliminar el término ‘machista’ y enmarcar los feminicidios como ‘violencia intrafamiliar’, una de las banderas de Vox para negar este problema estructural y reducirlo todo a discusiones domésticas, así como por la eliminación de las concejalías de igualdad.

PP y Vox han eliminado la concejalía de igualdad en los principales ayuntamientos donde han entrado en coalición, es el caso de Valladolid, Burgos (sustituida por la de Familia y asumida por Vox) y Toledo y ciudades como Elx, Orihuela o Talavera de la Reina.

También el pacto entre PP y Vox para permitir que el PP asumiera la presidencia de Extremadura implicó la eliminación de la Consejería de Igualdad, creándose la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, adscrita a Presidencia. La reacción de numerosas entidades que trabajan en políticas de igualdad ha sido la de manifestar su preocupación por el retroceso que esto significa. La Plataforma 8M de Toledo, por ejemplo, mostraba su preocupación señalando que queda en el aire qué pasará con la Casa de Acogida y con la Escuela de Igualdad. Se había conseguido que el Ayuntamiento de Toledo destinara el 1 por ciento de su presupuesto a políticas de igualdad "y eso se va a perder", advierten. En Murcia, los colectivos feministas denuncian que tras el acuerdo PP-Vox como primera medida se ha retirado toda la información del Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI) del municipio, referente a teléfonos de emergencia, talleres, asociaciones, pasos a seguir en caso de agresión física o psicológica. Otras medidas que han adoptado PP y Vox para el Consell de Mallorca es la eliminación de las direcciones insulares de Igualdad y Política Lingüística.

En septiembre, PP y Vox acordaron también suprimir el término “violencia machista” de las concentraciones contra los asesinatos por violencia de género en las Corts Valencianes, sustituyendo “no a la violencia machista” por “no a la violencia contra las mujeres”. En diversas ocasiones miembros de este partido han boicoteado los minutos de silencio en homenaje a mujeres asesinadas, ya sea apartándose de la pancarta como en el caso de Alzira o en Les Corts o con pancartas propias como en Alcoi con lemas como "La violencia no tiene género".
   
Banderas LGTBI

Vox anunció que quiere prohibir la simbología LGTBI de todas las Administraciones locales y autonómicas. No solo en los ayuntamientos donde gobierna sino también en otros municipios, como en La Zubia (Granada), donde ha denunciado a la alcaldesa por colgar la bandera LGTBI del balcón consistorial por el Día del Orgullo. También, en Badajoz, Vox ha solicitado al alcalde del PP que retire la iluminación con los colores que simbolizan al colectivo LGTBI de la fachada del Ayuntamiento.

El pasado junio coincidiendo con las celebraciones del día del orgullo LGTBI, Vox amenazó con mandar al servicio de seguridad de las Cortes de Castilla y León a los despachos del PSOE para quitar la bandera LGTBI. También coincidiendo con estas celebraciones el PP y Vox vetaron la bandera LGTBI en el Parlament balear donde gobiernan. Ya antes de la campaña electoral este partido desató la polémica al colgar una lona en un edifico del centro de Madrid, con el lema “decide lo que importa” donde tiran a la basura la bandera LGTBI, la del independentismo catalán, la comunista y logos del movimiento feminista y la Agenda 2030.
 
Subidas de sueldo: lo que dicen en campaña, y lo que hacen cuando gobiernan

Mientras Juan García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, también de Vox, denunció lo que considera “excesivas prestaciones sociales” que provocan que algunas personas se “instalen en una situación de precariedad y dependencia del sector público” y que hacen difícil encontrar mano de obra en algunos sectores, los nuevos cargos de Vox no han tardado en subirse el sueldo.

Después de hacer bandera de la reducción del gasto público durante toda la campaña electoral, una de las primeras medidas que ha tomado la derecha en los ayuntamientos donde ha entrado a gobernar ha sido subirse el sueldo. En al menos 28 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, siete de ellos con Vox, han subido el sueldo a sus alcaldes y equipos de gobierno para la próxima legislatura. Por ejemplo, en el caso del municipio de Torrelodones en el primer pleno anunciaron subidas salariales de más de medio millón de euros en el total de retribuciones. Además de un aumento significativo de asesores designados a dedo y cargos de confianza. También en el ayuntamiento de Náquera el alcalde de Vox se ha subido el sueldo 13.000 euros con respecto a su antecesor, y en el municipio de Yebes, Guadalajara la subida ha sido de un 51%.

Censura en la cultura
 
Una de las mayores polémicas desatadas tras la entrada de Vox al gobierno de varios municipios han sido los repetidos casos de censura de obras de teatro, representaciones y libros. En Valdemorillo (Madrid), se canceló una obra de Virgina Woolf; en Benaiges (Burgos) otra obra sobre un maestro fusilado por los fascistas, y en Santa Cruz de Bezana (Cantabria), un pase de la película Lightyear, por contener un beso entre dos mujeres, entre otros casos.

Por otra parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, declaró que la Mostra de Cine de València “debería desaparecer” ya que considera su partido “que es, como se suele decir en el argot habitual, un chiringuito que sirve simplemente para la colocación de determinadas personas”.

En la localidad de Borriana (Castelló), Vox ha eliminado varios libros de educación sexual de la biblioteca juvenil por considerarlos pornográficos. Anteriormente, el mismo concejal cesó la subscripción a varias revistas infantiles por estar escritas en catalán.

Vox y los toros

Al mismo tiempo, Vox insiste en promocionar como cultura la tauromaquia, aumentando las subvenciones y recuperando los festejos en los que se maltratan animales que habían sido cancelados por los anteriores gobiernos, como es el caso del País Valenciano, donde Vox ha puesto al frente de la Conselleria de Cultura a un torero.

En esta línea, en Castilla y León, Vox concedió una subvención a la Fundación Toro de Lidia por 270.000 euros de fondos públicos para un taller dirigido a menores donde se les enseñaba a fabricar banderillas y cómo clavárselas a los toros. También la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, en manos de Vox convocó la primera edición de los dos nuevos premios de estudio e investigación de la tauromaquia, dotados cada uno con 10.000 euros.

Ofensiva contra el catalán

Las medidas contra las lenguas cooficiales consisten en eliminar la obligatoriedad de su conocimiento para ejercer en algunas funciones públicas, así como la de su enseñanza en algunos territorios valencianos considerados castellanoparlantes. También está estimulando el falso debate sobre que la lengua hablada en estos territorios sea la misma, alentando teorías acientíficas que la ultraderecha ha defendido desde la Transición para impedir su uso y su normalización, promocionando normativas no reconocidas por ningún ente académico.

En Balears, a través de la propuesta de creación de la nueva Oficina de Garantía de Libertad Lingüística,Vox ha propuesto multas de hasta 100.000 euros a quienes no cumplan sus órdenes para “proteger el castellano”. Con esto pretenden obligar al Gobierno regional, los ayuntamientos y otras entidades públicas como la Universidad de las Islas Baleares a utilizar el castellano en sus escritos y documentos bajo amenaza de sanción. El propio PP ha tenido que pedir a su socio de gobierno la retirada de esta propuesta, al no estar pactada y ser contraria al Estatuto de Autonomía.

Estas son las medidas más polémicas adoptadas por los nuevos gobiernos de PP y Vox hasta octubre de 2023, cuando tan solo han pasado cuatro meses desde las elecciones autonómicas y municipales. Pero algunas declaraciones de los nuevos gobiernos en manos del PP y Vox ya han advertido sobre su intención de derogar leyes y cortar fondos a todo lo relacionado con la memoria democrática referente a la Guerra Civil y la dictadura. El revisionismo histórico y la falta de condena de la dictadura franquista ha sido históricamente una de las marcas de la derecha española desde la Transición, por lo que no es necesario que esté Vox en los gobiernos para tener medidas en este sentido.

Cargos nazis y fascistas de Vox en las instituciones
 
Desde que Vox empezó a obtener representación institucional en 2018 se descubrió la vinculación de varios de sus candidatos a organizaciones nazis y fascistas.  Cinco años después, antiguos miembros de organizaciones de estas características han vuelto a aterrizar en el partido, llegando incluso a obtener representación. Es el caso, entre otros, de Alejandro Fernández, ex miembro del partido nazi MSR, hoy concejal en Barberà del Vallés (Barcelona). Fernández participó en 2004 en la marcha de homenaje a Rudolf Hess en Wunsiedel, Alemania, junto a miembros de su partido y de la sección española de Blood & Honour.

Otro ex candidato neonazi que hoy ostenta cargos con Vox es Pablo Quintana García, al cargo de la tesorería de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), tras haber formado parte de los partidos nazifascistas Democracia Nacional (DN) y España2000.

No son nuevas tampoco las polémicas de miembros de Vox por sus declaraciones o imágenes en redes sociales de apoyo a la dictadura franquista. El caso más reciente de un cargo público fue el de Esmeralda Pastor, la nueva Directora General de Justicia de Aragón, quien saltó a los titulares nacionales tras hacerse pública una foto de su perfil de Facebook en la que aparecía posando en una fotografía con la bandera franquista de fondo. A pesar de las múltiples denuncias políticas y peticiones de cese continúa en su cargo.

Condenados por violencia machista en Vox

A mediados de septiembre el presidente valenciano, Carlos Mazón, tuvo que destituir a un alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Vox, tras hacerse público que fue condenado por violencia de género, por amenazar a su mujer con un cuchillo delante de su hijo y darle un puñetazo. En cambio, en el caso de Carlos Flores Juberías, candidato de Vox al Congreso por València, también condenado por violencia psíquica contra su exesposa, no sólo continuó en las filas de Vox sino que el partido lo incorporó como candidato al Congreso el 23 de julio.