PSOE y Sumar forman un nuevo gobierno de coalición ante una legislatura que se prevé complicada

11/12/2023
  • Sumar tendrá una vicepresidencia y 5 ministerios, aunque con competencias limitadas
  • Entre los parlamentarios que le han dado el sí a Sánchez están los de los nacionalistas conservadores de Junts y PNV  
  • Podemos se queda fuera del gobierno y decide irse al grupo mixto

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), logró el pasado 16 de noviembre el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara del Congreso, con 179 votos a favor y 171 en contra. Revalida así el gobierno de coalición, esta vez con el apoyo de 121 diputados del PSOE, 31 de Sumar, siete de Esquerra Republicana de Catalunya, siete de Junts per Catalunya, seis de EH Bildu, cinco del PNV, un diputado de Bloque Nacionalista Galego y una de Coalición Canaria. De esos 31 de Sumar, 5 corresponden a Podemos, que ha decidido irse al grupo mixto a penas 3 semanas después de la investidura.

Esta decisión marca una intencionalidad clara de actuar en solitario a lo largo de la legislatura. Se intuye la voluntad de Podemos de posicionarse con libertad y no seguir asumiendo las contradicciones de estar en el Gobierno. Presionarán desde fuera hacia políticas más progresistas que las que marque el Consejo de Ministros, probablemente, en coordinación con ERC.

Se complican pues los equilibrios de cara a poner en marcha legislación alguna, puesto que del otro lado de la cuerda estarán tirando los 7 escaños de Junts per Catalunya y los cinco del Partido Nacionalista Vasco, que constituyen un bloque conservador que sólo tiene en común con las izquierdas la voluntad de resolver el conflicto territorial que se da en el Estado español. De hecho, Junts per Catalunya ha dado finalmente el sí a cambio de la amnistía a los presos y exiliados tras la fallida declaración de Independencia de la República de Catalunya en 2017. En aquel momento el gobierno de Mariano Rajoy (PP) interpretó la realidad y la Constitución Española en el sentido más severo, y optó por abandonar la diplomacia y aplicar la fuerza.

Después de que las tramas de corrupción del Partido Popular terminaran por acorralarle, el gobierno de Mariano Rajoy fue sustituido por la coalición PSOE-Podemos. En los años del gobierno de coalición, las relaciones con los partidos independentistas –de derecha y de izquierda- se han ido normalizando. Las tensiones territoriales se han relajado y tanto los partidos nacionalistas vascos como los catalanes esperan que en esta recién estrenada legislatura se pueda avanzar en ese sentido. Junts propondrá, según aparece en su acuerdo de gobierno con el PSOE, la “celebración de un referendum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña”. En Euskadi, la izquierda independentista está expectante ante un proceso que no parece sencillo de poner en marcha, y tanto el PSOE como Sumar tendrán que caminar con tiento para que la gestión territorial no les pase factura en el resto del Estado.

Más allá de esta cuestión, el problema con el que se topará el Gobierno de coalición es que su dependencia de estos otros seis partidos, no se da sólo para formar el Gobierno sino que aparecerá en cada proceso legislativo. El Gobierno podrá utilizar la figura del Decreto Ley, para aprobar algunas cuestiones sin necesidad de contar con el resto de partidos, pero esta figura no aplica en los casos de derechos, deberes y libertades.

Cuestiones como Sanidad, Educación o Vivienda, Junts y PNV van a tender a mantener sus posiciones privatizadoras. El PSOE ha demostrado no tener demasiada vocación de recuperar los servicios públicos perdidos y este será, probablemente, uno de los principales escollos que encontrarán los ministros de Sumar.

Los cinco Ministerios de Sumar

El Ministerio de Trabajo es el punto fuerte de Sumar. Tal vez incluso del Gobierno. Yolanda Díaz ocupa de nuevo la Vicepresidencia Segunda y es la única persona del llamado espacio del cambio que repite como ministra. Lo hace en una posición en la que se encuentra cómoda, con un tema que domina y con una buena valoración ciudadana de la gestión anterior. Empieza esta legislatura con el objetivo de reducir la precariedad laboral. Como medidas claras estarían volver a aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, por un lado, y reducir la jornada laboral, por otro. En cuanto a la primera medida, Díaz subió el SMI en la pasada legislatura desde los 707 hasta los 1080€, y en esta pretende llegar a los 1200. A fecha de cierre de este artículo, las reuniones con sindicatos y patronal ya estaban en marcha. Sobre la segunda medida, apuesta por la reducción y la distribución de la jornada laboral, pero sin reducción de salario. El plan es establecer en 2024 una jornada laboral máxima de 37,5 horas –ahora está oficialmente en 40- y abrir un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales.

Pablo Bustinduy asume una cartera que aúna las competencias de Consumo, que deja Alberto Garzón, y parte de las de Ione Belarra, como son Derechos Sociales y Agenda 2030. Bustinduy ha pasado gran parte de su vida laboral como docente universitario en EEUU, y fue coordinador de Podemos en el Parlamento Europeo durante la primera etapa del partido morado y secretario de Internacional en su Consejo de Coordinación. Dejó Podemos tras la pugna entre errejonistas y pablistas, y regresa ahora a la política estatal, de la mano de Díaz, para asumir “el reto de ampliar los derechos sociales y garantizar un sistema de consumo justo”. Un punto de partida será probablemente desbloquear la ley de familias y la de Servicios Sociales, impulsadas por Belarra y que no terminaron de aprobarse por el adelanto electoral.

El Ministerio de Consumo que fue creado en la pasada legislatura, se integra en este. Entre las promesas programáticas de Sumar están la aprobación de una estrategia para la reducción del impacto ecológico del consumo, y garantizar el acceso a los suministros básicos de agua, energía y calefacción a todos los hogares. Tiene también pendiente una de las tareas que no logró poner en marcha su predecesor Alberto Garzón: la aprobación de una ley de regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigidos al público infantil.

Mónica García, médico, líder de Más Madrid (escisión de Podemos) y hasta ahora portavoz parlamentaria en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, es la nueva ministra de Sanidad española. Se enfrenta al reto de frenar y revertir la privatización del Sistema Nacional de Salud, y de volver a hacer la Sanidad Pública española universal, derogando leyes que bajo el mandato de Mariano Rajoy dejaron fuera de la atención sanitaria a miles de personas migradas.

Ha prometido también recoger en la atención pública algunos aspectos que hasta ahora no han estado contemplados, o que han tenido una cobertura mínima, como la Salud Mental, óptica y bucodental.

Sira Rego, portavoz federal de Izquierda Unida y eurodiputada desde 2019 hasta ahora, ha sido nombrada ministra de Juventud e Infancia. España es el país de la UE con más niños y niñas en situación de pobreza monetaria. Es decir, que viven en hogares cuyos ingresos no permiten cubrir los requerimientos básicos de alimentación, servicios, vivienda y educación y sacar al país de esa estadística es uno de los objetivos de Rego. No ha especificado de momento cómo, más allá de apostar por una fiscalidad redistributiva.

Por último, el economista Ernest Urtasun, miembro de Catalunya en Comú y parlamentario europeo desde 2014, asume la cartera de Cultura. El catalán elogió en su discurso de toma de posesión la pluralidad cultural y lingüística del Estado español. Destacó la necesidad de garantizar la libertad de expresión, así como de acabar con las desigualdades en el acceso a la cultura y con la precariedad laboral del sector.

Un gobierno sin Podemos

La pugna interna en el espacio político a la izquierda del PSOE en los últimos tres años ha dejado finalmente a Podemos fuera del Gobierno. Las posiciones parecen a día de hoy irreconciliables. "Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa del Gobierno", dijo la exministra de Igualdad Irene Montero, en el traspaso de su cartera a la socialista Ana Redondo, señalando al presidente socialista, y no a la que fuera su compañera, Yolanda Díaz.

Cabe destacar la pérdida del Ministerio de Igualdad, porque es probablemente el aspecto más doloroso para las izquierdas en general y para Podemos en particular. Se espera, desde las posiciones más optimistas, una legislatura que afiance los avances de Montero y que no dé marcha atrás en lo que se refiere a los derechos de las personas trans. En sus primeros días como ministra, Redondo ha defendido la conocida como ley del Sólo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro de la legislación sobre violencias sexuales y que ha sido una de las iniciativas que más se le han cuestionado a Montero. En contrapartida, decidió participar en la manifestación del 25 de noviembre, contra las violencias machistas, acompañando al colectivo transexcluyente. Lo hizo con un discurso de unidad, pero fue leído como una afrenta por el movimiento feminista transinclusivo.

El nuevo Gobierno sigue teniendo pendientes reclamaciones fundamentales para los movimientos sociales del Estado, como son la derogación de la Ley de Extranjería, que discriminan a las personas migradas, o de las Leyes Mordaza, que limitan la capacidad de manifestación y de organización al facilitar la impunidad policial. Leyes de la derecha que el Gobierno progresista no derogó en la pasada legislatura y que no parece que vaya a hacerlo en esta.